Tan solo tres meses después de la aprobación del “embargo total” de armas a Israel, el Gobierno ha recurrido a la cláusula del decreto que permite excepciones para autorizar a Airbus la compra de material militar israelí. La compañía europea advirtió de que miles de empleos podrían saltar por los aires si no se importaba tecnología desde Israel para equipar cuatro programas aeronáuticos millonarios. Y el Gobierno levantó el veto la semana pasada. Este lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la autorización asegurando que “no tiene relación” con las políticas militares, sino con el ámbito comercial e industrial. Según fuentes militares, si el Consejo de Ministros no permitía la importación que demanda Airbus, los ensamblajes que se realizan en las plantas de Sevilla y Madrid se tendrían que trasladar a otros países.
El Consejo de Ministros hizo uso el pasado martes de la cláusula que permite hacer excepciones al veto cuando la desconexión suponga “un menoscabo para los intereses generales nacionales”. En la referencia se recoge que dicha autorización se concede “de manera excepcional”, previo informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), para los siguientes proyectos aeronáuticos “con gran potencial industrial y exportador”: A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP. Todos ellos liderados por Airbus, “empresa europea estratégica en el sector aeroespacial.
Lee también
El Gobierno defiende que se trata de proyectos con un “importante efecto de arrastre para el sector”, que se consideran “indispensables” para la viabilidad económica en las líneas de producción y para preservar “millas de empleos de alta cualificación” en España. Para los cuatro proyectos “no existen alternativas inmediatas” para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles que tienen sello israelí. La referencia del Consejo de Ministros es clara: “La imposibilidad de mantener ese comercio con Israel pone en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España, lo que supondría un impacto industrial, económico, de empleo y tecnológico de tal calibre que afectaría a la autonomía estratégica ya los intereses generales nacionales”.
Robles, entrevistada esta mañana en Televisión Española, ha explicado que para que la viabilidad de estos proyectos sigan adelante es necesaria la tecnología israelí, pero que esta autorización no supone ningún impedimento con el plan de desconexión llevado a cabo por el Ministerio de Defensa para que sea la industria militar española quien sustituya el material de Israel.
Podemos vuelve a cargar contra el “embargo falso”
El Gobierno “no rompe relaciones armamentísticas con los genocidas”
El decreto, que fue convalidado in extremis gracias a los cuatro votos de Podemos pese a sus duras críticas, prevé que el Gobierno debe comparar en sede parlamentaria para informar de las razones por las que se recurre a la excepcionalidad. Este pasado fin de semana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado que “el embargo falso” del Gobierno “no rompe relaciones armamentísticas con los genocidas”. «Siguen mirando hacia otro lado cuando pasan los barcos cargados de armas y ahora autorizan públicamente nuevas transferencias de material militar. Vergüenza», escribió el sábado en su cuenta de X.
La Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, de la que forma parte la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop) y otras organizaciones, también ha denunciado la autorización para la compra de material militar a Israel para proyectos aeronáuticos de Airbus en España. En una nota de prensa, lamentan que el Gobierno “ha vuelto a poner de manifiesto que cuando hay que decidir entre economía o derechos humanos, prioriza sus intereses comerciales ante las vidas de las personas palestinas”. «Lo ocurrido demuestra exactamente el problema de fondo del real decreto ley: no es un embargo integral de armas a Israel. Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad», señalan, al tiempo que piden que los grupos parlamentarios modifiquen esta iniciativa legal en el período de enmiendas en el Congreso para acabar con las excepciones.
