La Corte Suprema de Justicia es imparcial y no puede manifestar preferencias sobre el proceso o desenlace de algunos juicios de gran relevancia como los que confrontan a la expresidente Cristina Kirchner en la causa denominada los Cuadernos de las coimas. Así lo destacó el vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, al referirse a la concepción institucional del máximo órgano del Poder Judicial respecto a la tramitación de causas sensibles.
Rosenkrantz, uno de los tres integrantes actuales de la Corte, dejó en claro que como juez no puede ni debe manifestar preferencias sobre el avance, el contenido o el desenlace de determinados temas o juicios concretos, sea en casos de corrupción u otros juicios contra funcionaros y exfuncionarios.
Ese tipo de actitud, dijo Clarín, “no representa en modo alguno la manera en que concibo mi trabajo jurisdiccional”indisolublemente ligada al “deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura”, dijo el ministro de la Corte.
Al referirse puntualmente a los procesos judiciales que debe afrontar la ex mandataria -Cuadernos de las coimas, Hotesur, Memorándum con Irán- Rosenkrantz señaló que “el ritmo de la tramitación de las causas en las que es parte la Dra. Cristina Fernández de Kirchner dependeren el estado actual en que se encuentran, únicamente de las decisiones de los jueces de grado competentes y de los tribunales superiores que sobre ellos ejercen la superintendencia”, ejemplificó.
A casi un año de la salida de Juan Carlos Maqueda del máximo tribunal y más de cuatro años de la de Elena Highton de Nolasco, Rosenkrantz también reconoció su preocupación por “las vacantes existentes” en su propio tribunal y en el resto del Poder Judicial de la Nación.
En el transcurso de esta primera etapa del gobierno de Javier Milei, aún no se nombró ni a un solo juez y tampoco se designaron fiscales ni defensores oficiales.
Cuando comenzó la gestión libertaria se retiraron 222 pliegos que estaban en el Congreso para su tratamiento. Y a la fecha ya se acumulan 313 en el Ministerio de Justicia.
Desde la Casa Rosada han manifestado que es una prioridad enviarlos, y aseguran que con la nueva conformación de la Cámara Alta hay otras posibilidades para votar los cargos.
El 1 de marzo de este año, ante la Asamblea Legislativa, el presidente dijo que «tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.
Pero esa promesa no se cumplió y, a la fecha un tercio del Poder Judicial está vacante. Cuando Milei asumió en la Casa Rosada, el porcentaje de sillones vacíos era del 30,5%. A la fecha esa cifra asciende a 32,93%. Sin embargo, ante renuncias presentadas y jubilaciones ya en trámite, ese número llegará al 36%.
El total de vacantes en la Justicia Nacional y Federal asciende a 359 cargos. De ese universo de despachos sin un juez titular, el Poder Ejecutivo Nacional tiene 204 ternas para enviar al Congreso. Los 155 restantes se encuentran en el Consejo de la Magistratura en trámite, “con distintos grados de avance”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
De los 359 cargos vacantes, 145 corresponden al fuero federal y 214 al nacional.
En el Ministerio Público Fiscal, la crisis de los sillones vacíos es aún más grave. Como contó Clarín, de cara al 2026 las vacantes treparán cifras sin precedentes: más del 47%.
Mientras los cargos continúan vacantes, los sillones de jueces y fiscales se convierten en una carta de negociación entre el Gobierno y el Congreso. Es la explicación por la cual el Ministerio de Justicia aún no remite al Senado los pliegos que retiene hace casi dos años.
Ante la consulta de Clarín, fuentes oficiales indicaron que con la nueva conformación del Congreso está entre “las prioridades y primeras medidas, remitir los pliegos”.
