El manual de resistencia de Pedro Sánchez está poniendo a prueba la paciencia del PNV. Después de insistir a lo largo del otoño en que el 31 de diciembre era la fecha límite para que el Gobierno cumpliese con el compromiso de completar el Estatuto de Gernika, los nacionalistas vascos no solo han tenido que prorrogar hasta enero el plazo de gracia, sino que también han visto cómo cinco traspasos acordados hace meses no se han podido zanjar en una comisión mixta pactada para este lunes y finalmente aplazada. La confianza está bajo mínimos, y está por ver que haya margen para recuperarla.
Los nacionalistas vascos son muy escépticos con respecto al futuro de la legislatura. En un contexto de repetidos escándalos en el entorno socialista, con el PSOE en una situación de suma debilidad y sin apoyos que puedan otorgar una estabilidad al Ejecutivo, consideran que Sánchez debe pensar en convocar elecciones. El PNV, sin embargo, tiene claro que no participará en una moción de censura para descabalgar al Gobierno, de manera que es una incógnita cuánto se alargará el mandato.
Ante este panorama de incertidumbre, el PNV debe acertar a la hora de jugar sus cartas, y la gestión de sus acuerdos con los socialistas es determinante. Los nacionalistas vascos, no en vano, empiezan a estar exigidos por los plazos que otorgaron al Gobierno y que, una vez más, se convierten en papel mojado.
Uno de los puntos centrales del acuerdo por el que prestaron sus votos para la investidura de Pedro Sánchez señalaba que las competencias pendientes del Estatuto vasco, aprobado en 1979, se traspasarían “en el plazo imprrorrogable” de dos años. El acuerdo se rubricó el 10 de noviembre del 2023, por lo que no se cumplió en plazo ni tampoco se zanjará el día 31, la última fecha que habían otorgado al Gobierno y en la que se ha venido insistiendo durante el otoño.
El Estatuto se debía haber completado para final de año, aunque ni siquiera se han cerrado traspasos ya acordados.
Para final de año, en teoría, el Ejecutivo español debía haber cerrado el traspaso de una quincena de competencias pendientes, cerrando así la carpeta estatutaria 46 años después de su aprobación. Nada más lejos de la realidad. El Gobierno español no solo no ha traspasado ninguna de las citadas competencias, sino que otras cinco ya pactadas y anunciadas no se han cerrado finalmente.
El viernes por la tarde, el Ejecutivo vasco se vio obligado a desconvocar la comisión mixta de transferencias prevista para este lunes en la que se iba a cerrar el cambio de manos de esas cinco competencias: tres ligadas a la Seguridad Social (prestaciones no contributivas, prestaciones de desempleo y el Seguro Escolar), Salvamento Marítimo y la gestión de un centro de verificación de maquinaria situado en Barakaldo. De momento, se han vuelto a citar para el 16 de enero.
Desde el Gobierno vasco se justificó que “persisten obstáculos técnicos, administrativos y económicos relevantes” y se aludió a la disconformidad “sobre las valoraciones económicas y de personal en algunos de los traspasos pendientes vinculados a la Seguridad Social”. Días antes, la portavoz y consejera vasca de Gobernanza y Autogobierno, María Ubarretxena, fue más explícita al señalar que “parece que ciertos secretarios de Estado mandan más que los ministros”, en alusión al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Estas disconformidades, en todo caso, llaman la atención, ya que estos traspasos fueron anunciados entre los meses de julio y septiembre.
Más allá de cuestiones técnicas, lo trascendental de este nuevo incumplimiento es que ahonda en la desconfianza de los jeltzales. Cerrar el año zanjando esos cinco traspasos era una forma de dar una salida honrosa al incumplimiento de otro gran compromiso, el cumplimiento definitivo del Estatuto, vinculado a un plazo teóricamente “improrrogable”. Pero tampoco ha sido posible.
El apoyo al Ejecutivo genera dudas entre las bases, y los jeltzales no se pueden permitir que no se cumpla lo pactado
El lehendakari, Imanol Pradales, lleva semanas señalando que enero en llegará el momento de la “reválida bilateral”, el tiempo de analizar el grado de cumplimiento de lo pactado y el nivel de confianza que existe en Sánchez. Con el comienzo del nuevo año, asimismo, deberían llegar noticias sobre la posibilidad de alumbrar un nuevo pacto estatutario, otro punto recogido en el pacto de investidura y que exige un acuerdo en Euskadi entre PNV, EH Bildu y PSE. El presidente de la formación jeltzale, Aitor Esteban, señaló al inicio del curso político que trabajaría para que ese acuerdo lleguese antes de final de año, aunque también en este punto habrá que esperar al menos hasta después de las campanadas.
De momento, los nacionalistas vascos han evitado el choque frontal con Sánchez, aunque algunas voces señalan ya que se sienten “con las manos libres”. Perciben que el desgaste de su apoyo al Gobierno pesa cada vez más. El PNV no se puede permitir llegar al próximo ciclo electoral lastrado por una nueva dinámica de incumplimientos, transmitiendo la impresión de que los compromisos de legislatura son moldeables, aplazables o incluso revocables. Necesitan incentivos que justifiquen su apoyo al Gobierno de coalición, un apoyo cada vez más cuestionado por sus bases y que puede terminar pasándoles factura. La reválida de Sánchez con el PNV llegará con el inicio del nuevo año.
