El gobierno de Gustavo Petro declaró oficialmente la emergencia económica. Se emitió con el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025. De esta forma, el Ejecutivo tendrá 30 días para expedir decretos con fuerza de ley con los que busca instaurar nuevos impuestos y tributos para recaudar los 16 billones de déficit con los que viene el presupuesto del próximo año.
Hay dudas frente a la constitucionalidad de esta emergencia, pues está contemplada en la Carta Magna para atender sucesos sobrevinientes y ninguno de los hechos esgrimidos como justificación es considerado como inesperado. Todos ellos, incluido el hundimiento de la reforma tributaria, eran esperados por el Ejecutivo.
«Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto», dice la orden presidencial con la que el gobierno Petro busca tapar el hueco fiscal.
En ese mismo texto se reseña que «el Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo».
Contrario a lo que se esperaba en un principio, el decreto no incluye ningún impuesto en específico, esto debido a que primero debe promulgarse el estado de excepción y luego se desarrolla con otros decretos, que tienen fuerza legislativa.
Tanto la declaratoria de emergencia como los decretos posteriores pasarán a revisión de la Corte Constitucional y el Congreso. Precisamente el texto publicado este lunes ordena que se convoque al Congreso para que haga el control político de la emergencia 10 días después de que finalice.
Por su parte, el tribunal constitucional se encuentra estudiando la posibilidad de reunirse de forma extraordinaria para estudiar la viabilidad o no del decreto de emergencia. Como hay dudas sobre su inconstitucionalidad, se ha planteado que se suspendan sus efectos mientras se estudia de fondo. Esto debido a que implica el cobro de impuestos, que se presume legal mientras se establece si son constitucionales o no.
Las razones de la emergencia
Además de declarar la emergencia económica y social, el gobierno Petro entró a dar las principales razones de su determinación. Entre los argumentos esgrimidos está el cumplimiento del auto de la Corte Constitucional que ordena aumentar el pago de la UPC a las EPS.
El gobierno Petro se ha resistido a hacer este pago, incluso el alto tribunal abrió un incidente de desacato en contra de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por este tema. Sin embargo, ahora lo usa como razón para que el Presidente se pueda saltar al Congreso para expedir nuevos tributos por una vigencia de hasta un año.
El segundo argumento expuesto es la difícil situación de orden público en el país. El Ejecutivo esgrimió la situación en Cauca, Cesar y Norte de Santander para exigir nuevos recursos con los que supuestamente atender este complejo escenario. Asimismo, se usa la contienda electoral para expresar la necesidad de mayores esquemas para los candidatos. Bajo estos dos rubros, asegura el gobierno, se gastarían 3,7 billones de pesos.
El tercer punto de las consideraciones hace referencia al hundimiento de la reforma tributaria, un hecho que ya había sido advertido por la oposición y un sector mayoritario del Senado.
«La concurrencia de los mencionados hechos económicos exacerba las presiones de liquidez, elevando los riesgos de refinanciamiento y afectando la continuidad de programas y obligaciones indispensables para garantizar el gasto público social (derecho fundamental a la seguridad social en salud, la prestación de los servicios públicos esenciales, la atención a poblaciones vulnerables y de especial protección), la seguridad ciudadana y el cumplimiento del pago oportuno de la deuda pública, las obligaciones contractuales de vigencias futuras y las sentencias judiciales», dice en este tercer argumento.
Otros puntos señalados para justificar la emergencia económica y social son los desastres naturales por la ola invernal; obligaciones atrasadas de origen legal y contractual; recursos de endeudamiento restringido -incluso exponen la crisis diplomática con Estados Unidos-; y restricciones en la caja de la Tesorería General. En este aspecto último, el Ejecutivo llega a incluir la crisis pospandemia, al igual que un supuesto crecimiento inflexible del gasto.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política
