El año cerró con 128 hechos de tránsito relacionados con el transporte colectivo de pasajeros en distintas carreteras del país, los cuales dejaron un saldo trágico: 96 fallecidos y 181 heridos, según el recuento anual de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Para las distintas organizaciones que analizan este fenómeno es necesario realizar correcciones urgentes, implementar normas y reglamentos que permitan ejercer controles ante la magnitud de la siniestralidad asociada a la cadena que traslada a usuarios y pasajeros.
Para los núcleos familiares afectados, las secuelas serán económicas, sociales, emocionales y físicas, muchas de ellas permanentes.
La falta de controles efectivos, la escasa presencia de autoridades en las carreteras y la carencia de sanciones que verdaderamente sienten precedentes para cambiar la situación son señaladas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al ser consultada sobre el trasfondo del problema.
En esa misma línea, Celia Morales, integrante de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Apasit), asegura que en Guatemala se observa un problema de violencia vial, asociado a la falta de certeza de castigo. Es decir —dijo— como ciudadanos y como sociedad no existe la seguridad de que las personas reciban una sanción.
«Nos acostumbramos a seguir con una cultura vial inadecuada, a mantener conductas violentas en el tránsito. Específicamente en el transporte colectivo, vemos el problema de las altas velocidades y la falta de mantenimiento mecánico; eso también provoca fallas», enfatizó.
En ese punto coincide César Bol, vocero de la Unidad Nacional por las Víctimas de Accidentes de Tránsito, al señalar que hace falta cultura vial, seguridad vial y el cumplimiento de una Ley de Tránsito que tiene 28 años de vigencia, pero no se aplica.
Familias, desprotegidas ante accidentes de autobuses.
Al hacer un recuento del 2025, Celia Morales, de la Apasit, aseguró que se observará un incremento en los siniestros viales, con un promedio de nueve muertes diarias por hechos de tránsito.
Eso se traduce —explicó— en que las familias de las víctimas deben afrontar múltiples desafíos, desde la recuperación jurídica, emocional, física y económica, hasta el impacto social que puede perdurar durante años. “Estas cinco áreas son las que una víctima o su familia deben enfrentar tras un siniestro”, agregó.
Por su parte, César Bol, vocero de la Unidad Nacional por las Víctimas de Accidentes de Tránsito, señaló que su organización promueve acciones concretas, como el cumplimiento efectivo del artículo 29 de la Ley de Tránsito, el cual establece que Todo propietario de vehículo debe contratar un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes..
Nos acostumbramos a seguir con una cultura vial inadecuada, a mantener conductas violentas en el tránsito. Específicamente en el transporte colectivo, vemos el problema de las altas velocidades y la falta de mantenimiento mecánico.
“Las consecuencias de los accidentes viales son graves, porque la vida de los usuarios no puede seguir desprotegida”, reiteró. Agregó que entre las secuelas más comunes están las familias desintegradas, el aumento de la pobreza en los hogares y la deserción escolar, ya que muchas víctimas eran el sostén económico.
Bol también advirtió que la atención a víctimas ha rebasado la capacidad presupuestaria del Estadoy citó como ejemplo los fondos insuficientes destinados a los hospitales públicos y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La PDH dio cuenta de que, hasta octubre del 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial Se registraron 111 pasajeros fallecidos y 623 heridos en accidentes que involucraron a 446 medios de transporte, en general.
Exigen medidas firmes contra violencia vial
Acerca de las acciones urgentes que deben adoptarse, los consultados ofrecieron su perspectiva.
La PDH indicó que es necesario supervisar y verificar las acciones de las autoridades rectoras del transporte público y del tránsito. Añadió que ha emitido recomendaciones directas para prevenir tragedias, entre ellas el uso de tecnología, la modernización de las instituciones, el fortalecimiento legal y la aplicación de las normas vigentes.
Celia Morales, de la Apasit, reiteró que se deben adoptar eficaces frente a los siniestros de tránsito. Afirmó que resolver la violencia vial tomará varios años, por lo que urge una respuesta institucional sólida en materia de seguridad vial.
Además, destacó la necesidad de crear unidades especializadas para la atención de víctimas, a fin de brindar tranquilidad a todos los ciudadanos, ya que —dijo— cualquiera puede ser víctima de la violencia vial.
A su juicio, dicha unidad debe incluir asistencia en las cinco áreas críticas: jurídica, emocional, física, económica y social. También señaló la urgencia de medidas preventivas y de garantizar la certeza del castigo, para que el Estado cumpla su función y ejerza autoridad.
Por su parte, Bol instó al Ejecutivo a restablecer los reglamentos de responsabilidad civil contra terceros, los cuales fueron derogados, para que vuelvan a regir los seguros obligatorios contemplados en la Ley de Tránsito.
Piden limitar la velocidad en autobuses y camiones
Por medio de un comunicado de prensa, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretxpa) requirió a las autoridades competentes realizar un exhaustivo peritaje de lo sucedido, ya que podrían existir factores externos que coadyuven en este tipo de accidentes.
La gremial recomendó que se suscriban, de manera definitiva, los convenios correspondientes entre las autoridades encargadas de velar por la seguridad vial, y que se implementen el Sistema Limitador de Velocidadtanto para el transporte de pasajeros como de carga, como medida paliativa para evitar futuros accidentes que puedan provocar nuevas víctimas.
“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos, y nos solidarizamos con las autoridades y organismos de socorro en su labor de atención a las víctimas y sus familias”, indica el comunicado
