la antorcha
El oficialismo, ante su precariedad e incompetencia, ha dejado que la inercia política lo lleve al alojamiento fácil con las viejas prácticas.
El débil y el descoordinado gobierno presidido por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, que se apoya en el minimizado y en el inviable políticamente Movimiento Semilla y que igualmente es condicionado según conveniencia por el inquieto y el divisivo grupo promotor del partido Raíces, todos y todas —como dirían oficialmente— haciendo causa común, avalaron y celebraron la aprobación en este 2025 del infame Presupuesto General de la Nación para el 2026.
Contribuir a articular una agenda estratégica de país que genere confianza nacional e internacional.
El oficialismo en pleno, que se promovió como un movimiento de cambio y de lucha contra la corrupción en la campaña electoral del 2023, aparte de momento sus diferencias personales y partidarias, recurrió sin rubor a un pacto de distribución de recursos, de prebendas, de bolsos de supuestos proyectos en montos históricamente inflados y desfinanciados, sin criterios ni sustentos técnicos, cuyos destinos alimentarán el mismo sistema clientelar insaciable que ha carcomido los cimientos de nuestro decadente sistema democrático.
Es desalentador que esta sea la antesala de los procesos de elección de instituciones que son claves y vitales para el fortalecimiento de la institucionalidad constitucional y democrática del país. Se elegirán en el año 2026 a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) (2026-2032), una institución debilitada, venida a menos, y expuesta a presiones políticas. Se elegirán a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (2026-2031), en la que se anticipa una batalla sórdida por incidir en este proceso de trascendencia para el Estado de Derecho. La elección del Fiscal General del Ministerio Público (2026-2030), que le corresponde en última instancia a la Presidencia de la República, es una posición clave e imprescindible dentro del sistema de justicia en especial en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. Y, por último, pero no por ello menos importante, la elección por el Congreso de la República del Contralor General de Cuentas (2026-2030), responsable de dirigir la Contraloría General de Cuentas, cuya función esencial es fiscalizar, auditar y certificar de cómo se utilizan los fondos públicos.
El oficialismo, ante su precariedad e incompetencia, ha dejado que la inercia política lo lleve al acomodamiento fácil con las viejas prácticas del sistema con tal de sobrevivir políticamente en el 2026. Los partidos políticos representados en el Congreso de la República, de igual manera, estarán inmersos en negociaciones intra y entre partidos sobre intereses no necesariamente de una agenda de país. Además, estarán también bajo la presión de sobrevivir políticamente en el 2026 para poder presentarse en el proceso electoral del 2027.
Al acercarse el ocaso de los primeros 25 años del siglo XXI y hacer una pausa reflexiva sobre los círculos viciosos de la política nacional, es importante que al margen de la sobrevivencia de los partidos políticos, los sectores productivos, que son la piedra angular del país, que abarcan un amplio y diverso abanico de actividades económicas, junto a otros sectores sociales, dentro de los cuales sobresalen talentos, capacidades y experiencias en los ámbitos empresariales, académicos, profesionales, cooperativistas, sindicalistas, y científicos, entre otros, surjan. iniciativas y propuestas en el año 2026 que contribuirán a articular una agenda estratégica de país que genere confianza nacional e internacional. Guatemala merece en ese sentido hacer un esfuerzo comprometido, extraordinario y sobre todo disruptivo.
