La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció este domingo ante las recientes declaraciones y acciones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Según señaló la organización los ataques y señalamientos desde el poder contra los medios de comunicación críticos ponen en riesgo la libertad de expresión y el funcionamiento de la democracia en Colombia. En su 81ª Asamblea General, el organismo aprobó una resolución en la que denuncia la “constante y cada vez más férrea estigmatización” que el mandatario ha mantenido contra periodistas y medios, tanto en sus intervenciones públicas como en redes sociales.
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De acuerdo con la SIP, Pero ha calificado a medios y periodistas como “opositores, los responsabiliza de conductas delictivas y de los problemas estructurales del país”. Según el documento, estos mensajes “los mensajes denigratorios se replican desde el Gobierno Nacional y políticos del partido de gobierno y se multiplican a través de redes sociales, lo que acrecienta los ataques al ejercicio periodístico”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia – Archivo particular
El pronunciamiento de la SIP coincide con una nueva ola de controversias protagonizadas por el presidente, quien esta semana volvió a acusar a los medios privados de “violar todos los días el derecho a la información”. En un extenso mensaje publicado recientemente en su cuenta de X, Petro insinuó que las concesiones de radio y televisión podrían ser acciones revisadas, y no descartó términos legales contra las empresas que, según él, manipulan la información.
Las palabras del jefe de Estado se producirán luego de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) le negará una alocución nacional por considerar que no cumple los criterios de urgencia establecidos por el Consejo de Estado. Petro reaccionó señalando que había sido “censurado en su propio país”, y acusó a la entidad de actuar en defensa de los intereses de los medios privados. “Lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen conmigo solo porque no pertenezco a la oligarquía sino al pueblo”, escribió en la red social X.
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Sin embargo, la CRC aclaró que la decisión se basó en un fallo judicial que exige garantizar un uso razonable y excepcional de las alocuciones presidenciales, pues desde comienzos del año el presidente Petro ha realizado más de 50 intervenciones televisadas, muchas de ellas sin relación con emergencias o asuntos urgentes. La entidad advirtió que el abuso de estas transmisiones podría afectar el pluralismo informativo, al ocupar de manera excesiva los espacios de programación pública y privada.
El nuevo episodio se suma a una larga lista de choques del mandatario con los medios. Petro ha acusado reiteradamente a la prensa de “mentir” y de representar los intereses de grupos económicos opuestos a su gobierno. En su reciente mensaje sobre el espectro electromagnético, sostuvo que las concesiones que permiten a los canales y emisoras operar los convierten en “contratistas del Estado”, sugiriendo que deben ser sancionados si no siguen las normas que él interpreta como constitucionales.
“Pero el gobierno no debe permitir que sus contratistas evadan la Constitución”, afirmó el presidente, insinuando la posibilidad de “liquidar los contratos”, aunque luego matizó la idea.
Estas declaraciones se producen pese a que el 9 de septiembre de 2024 el propio Petro firmó una directiva presidencial para que todos los funcionarios eviten la estigmatización contra la prensa. Esa norma fue desconocida por el mismo mandatario minutos después de firmarla, cuando en su discurso volvió a acusar a los medios de manipular la información.
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RTVC y la información pública
Otro de los puntos centrales del llamado de la SIP es la preocupación por el uso del sistema de medios públicos —como RTVC— para replicar exclusivamente la línea oficial. El organismo instó al Ejecutivo a garantizar que estos medios “reflejen la diversidad de voces y perspectivas del país”, evitando su utilización como herramienta de propaganda gubernamental.
La SIP advirtió que el sistema de medios públicos está siendo utilizado para “replicar en exclusiva la línea oficial”, eliminando la diversidad de voces, ideas y opiniones contrarias a la visión gubernamental.
La SIP, que agrupa a medios de todo el continente, fue enfática en advertir que los gobiernos deben abstenerse de usar su poder o sus recursos para castigar o premiar a los medios según su línea informativa. Recordó que la libertad de expresión implica tolerar la crítica y garantizar condiciones equitativas para el ejercicio del periodismo.
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Instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto:mapas de google
La Asamblea citó además la Declaración de Chapultepec, cuyo artículo sexto establece que “los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”. En ese sentido, la SIP instó al presidente Petro a cesar inmediatamente las expresiones de estigmatización contra periodistas y medios, exhortando al Gobierno a respetar los principios fundamentales de la libertad de prensa colombiano.
El organismo también recordó que, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la estigmatización desde el poder “atenta contra el debate público” y crea un ambiente de hostilidad que puede derivar en agresiones o amenazas. contra comunicadores.
El llamado de la SIP se produce en medio de un debate cada vez más amplio sobre el papel del Estado en la regulación de la comunicación. Recientemente, la CRC envió una carta a varias emisoras y canales de televisión solicitando detalles sobre sus políticas editoriales, mecanismos de verificación de información y prácticas internas para garantizar la imparcialidad. El documento, rotulado como “información reservada”, fue interpretado por los medios como un intento de intromisión en la autonomía periodística.
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Ante la polémica, la Comisión reconoció un error en la redacción de la carta, pero la controversia evidencia la fragilidad institucional en torno a la libertad de prensa. La SIP aprovechó su resolución para anunciar que, en contextos donde el poder político busca controlar la narrativa, el riesgo de censura indirecta se multiplica.
Llamado de atención del Consejo de Estado a la CRC y al Presidente por 'monopolizar' debate público. Foto:archivo
En su exhorto final, la SIP llamó la atención del gobierno colombiano sobre la necesidad de garantizar plenamente las condiciones para el ejercicio del periodismo, especialmente ante los próximos procesos electorales. “Dicho respeto resulta fundamental para la garantía y el buen funcionamiento de la democracia”, enfatizó la organización.
Para la SIP y otros observadores, el problema no radica en el derecho del presidente a expresarse, sino en el uso del poder estatal para deslegitimar a la prensa independiente y condicionar el debate público.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
