El 9 de noviembre del 2025, la cárcel de machala Quedó tomada por el fuego cruzado. Los pabellones ardieron en minutos. Sonaron explosiones. Circuló un vídeo de heridos internos. Al final, una treintena de muertos por asfixia y 33 heridos. Esa masacre no fue un hecho aislado. Cerró un mes que ya acumulaba otros episodios letales en Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas. Desde septiembre hasta noviembre, las cárceles del país humano 76 fallecidos. El sistema volvió a desbordarse.
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⚠️ ¿Por qué importan las masacres en las cárceles de Ecuador?
Ecuador vive una crisis penitenciaria que crece sin freno. Heno 36 017 personas privadas de libertad. La capacidad real es de 26 818 plazas. faltán 9 798 cupos. El hacinamiento promedio llega al 36,54%. La mayor presión se concentra en guayas, que alberga 13 674 internos.
Los penales no solo estan llenos. También están dañados: pabellones destruidos por amotinamientos, áreas inhabilitadas por falta de colchones, bloques cerrados por remodelaciones urgentes. En este escenario frágil, el crimen organizado tomó el control. Las bandas regulan la convivencia internareparten espacios y ejecutan purgas violentas. El Estado entra tarde. La pregunta clave: ¿Por qué se multiplican las masacres y qué combinación de fallas institucionales, económicas y criminales sostiene esta violencia?
Mario Pazmiñodirector regional para América Latina del Security College US., Janeth Gonzálezdocente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UTPL y Jean Paul Pintoespecialista en seguridad, analizan la crisis penitenciaria.
💥El Estado perdió el control del sistema penitenciario
La violencia crece, según los expertos, porque el Estado no controla sus cárceles. Las bandas ocupan ese espacio. Regulan pabellones, imponen castigos y deciden quién vive y quién muere. Mario Pazmiño describe la raíz del problema: Los pabellones no se organizan por niveles de peligrosidad. Se organiza por grupos criminales. Esa decisión alimenta la guerra interna. “Mientras en un pabellón están Los Tiguerones, en otro Los Lobos y en otro Los Choneros, habrá pugna permanente«. Cada facción busca territorio, ingresos y armas. La masacre de Machala Siguió ese libreto: choque entre estructuras rivales y resistencia a los traslados de cabecillas.
Janeth González explica la magnitud de esta fractura desde el marco jurídico. Recuerda que la CorteIDH establece que el Estado es garantía absoluta de la vida de toda persona privada de libertad (PPL). Esa obligación existe porque el detenido entra en un estado de dependencia total del Estado. La Constitución También lo fijo. La vida y la integridad deben protegerse bajo custodia estatal.
La CIDH lo expuso tras la masacre de 2021. Habló de “abandono del sistema penitenciario por parte del Estado” y señaló la falta de control efectivo en los centros. También advirtió que, por esa ausencia, el manejo interno quedó en manos de los PPL. González coincide con esa lectura y la resume con claridad: el abandono abrió paso al autogobierno penal.
Jean Paul Pinto agrega el componente politico. El Gobierno no toma decisiones estructurales. Tampoco fortaleció el SNAI ni creó una fuerza penitenciaria profesional. «No hay control sobre las cárceles. Siguen manejadas por grupos criminales». Esa ausencia hace que las bandas mantengan dominio y lo amplíen.
🧩 Un sistema sin gobernanza ni capacidad de gestión
La gestión penitenciaria se sostiene sobre una estructura débil. Hace falta un modelo técnico. No hay personal especializado. Los tres expertos coinciden en este punto.
Mario Pazmiño señala el origen operativo: Los militares y policías no pueden manejar cárceles. No tienen formación ni entienden dinámicas criminales internas. Para él, se necesita un cuerpo profesional nuevo: Criminólogos, sociólogos, expertos en rehabilitación y negociadores. También plantea un cambio total de guías penitenciarios. “Los guías están corrompidos hasta la coronilla”. Proponer reemplazar a todos en año y medio. El Estado, añade, debe recuperar el control de comisariatos y tiendasporque son fuentes de extorsión manejadas por las bandas.
Jean Paúl Pinto coincide en la falta de preparación. Los militares carecen de doctrina penitenciaria. No tienen entrenamiento, logística ni vocación para ese trabajo. Señala otro punto crítico: la infiltración criminal. Habla de directores cooptados y personales del SNAI bajo influencia de bandas. Asegura que el Estado no puede gobernar si no limpia primero a su propia estructura.
Janeth González muestra la misma falla desde la norma. La ley exige personal técnico, protocolos claros y estándares internacionales. Estos se encuentran en el COIP, Constitución y del reglamento del sistema de rehabilitación social. No se ejecutan procesos de clasificación adecuados. No garantiza cadena de mando. La CIDH exige control efectivo y gestión especializada. Nada de esa ópera en la práctica. Esa brecha legal abre espacio para abusos, improvisación y vacío de autoridad. Las normas existen, pero no se ejecutan.
📊Lo que revelan las cifras del colapso carcelario
- Hacinamiento. En enero del 2025, el hacinamiento promedio era de 20,73%, ocho meses después ha subido a 36,54%. Es un incremento de 15,8 puntos porcentuales.
- Infraestructura dañada o inhabilitada. Hay destrucción de celdas, puertas y pabellones completos.
° En Manabí, el área transitoria bajó de 30 a 20 plazas.
° En Azuay, más de 1 300 plazas quedaron inhabilitadas por daños severos.
° En Guayas 1 Masculino, solo 55 camas tienen colchón útil.
° En Guayas 4, casi 1 000 plazas no funcionan por la destrucción causada en intervenciones previas.
° En Guayas 3, la mitad del espacio no se usa por la peligrosidad.
Datos del SNAI a junio del 2025. Cada cárcel opera con limitaciones distintas.
- Falta de seguridad adaptada a cada centro. Los penales necesitan controles electrónicos, puertas ciegas y monitoreo externo. Pazmiño lo resume así: se requiere tecnología que impida que los caporales abran celdas o manipulen accesorios.
- Presupuesto insuficiente. González advierte que el recorte presupuestorio también abrió espacio al crimen organizado. Sin recursos no se recupera el control ni se ejecuta una política penitenciaria real.
🔄Traslados sin técnica que detonan violencia
Los traslados se convirtieron en una chispa constante. El Gobierno los usa como respuesta rápida. Mario Pazmiño lo explica desde el terreno. lLos movimientos de cabecillas generan resistencia inmediata. Ocurrió en Machala. El rumor del traslado de líderes provocó una segunda revuelta el mismo día. Para él, el problema no está en trasladar. El problema está en la falta de reorganización.
Janeth González señala la falla técnica y jurídica. Los traslados deben proteger la vida, asegurar el contacto familiar y evitar mezclar perfiles incompatibles. Nada de eso se cumple. El reglamento exige motivación clara y análisis de riesgos. El Estado no lo hace. La CIDH ya advirtió que la mala clasificación y los traslados sin fundamento agravan la violencia. González cree que cuando el Estado deja de aplicar sus propios estándares, convierte cada movimiento en un riesgo.
Más decisiones técnicas y legales
Ecuador enfrenta una crisis penitenciaria que ya no responde a hechos aislados. El sistema opera sin control, sin técnica y sin capacidad para contener a grupos criminales que crecieron dentro de su estructura. Los expertos coinciden en un punto: el país no puede reducir la violencia mientras el Estado renuncie a gobernar sus cárceles. La Constitución, el COIP y el Reglamento del sistema de rehabilitación social contemplan los estándares internacionales mínimos para gestionar el sistema penitenciario. Pero, la salida exige decisión política, profesionalización real y un sistema técnico que proteja vidas, no que las pierdan. Sin ese giro, las masacres seguirán subiendo.
