Ana Soffiantini suena, levanta la mano y pone los dedos en “v”. Ella es una de las exdetenidas-desaparecidas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que camina detrás de una bandera en la que se lee “La memoria no se borra”. Los sobrevivientes encabezaron un abrazo al museo que funciona en lo que fue el núcleo de ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) tras la decisión del Gobierno de eliminar las marcas que daban cuenta de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron allí secuestradas.
Para sus compañeros y compañeras, Ana Soffiantini es “Rosita”. En 1977, ella fue secuestrada junto con sus dos hijitos y llevada a la ESMA. En ese lugar hicieron desaparecer a su compañero. Muchos años después, en 2004, entró con otros sobrevivientes para mostrarle al entonces presidente, Néstor Kirchner, el sitio que, para ellos y ellas, era la materialización del horror.
«Nos dimos cuenta de que entrábamos en libertad a un lugar que no estábamos recuperando porque eran ladrillos sino porque es nuestra memoria. Y, por eso, no podemos permitir que nuestra memoria sea silenciada de manera tan vil”, dice Rosita.
A principios de mes, el nuevo director del Museo Sitio ESMA, Fernando Vedoya, ordenó remover las inscripciones que hablaban de lo padecido por las mujeres durante la dictadura. Esas marcas habían sido incorporadas en marzo de 2019, a la luz de los avances que el movimiento de mujeres impulsaba con el Ni Una Menos y la marea verde a favor del aborto. Era una manera de quitarse la venda que impedía ver que transitar la ESMA no era igual para varones y mujeres.
Pasadas las 15.30 y bajo un sol que empezaban a calentar, los sobrevivientes, junto con hijos de detenidos-desaparecidos, tomaron la bandera y caminaron hasta el Museo Sitio ESMA. Allí hubo un minuto de aplausos para recordar a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo e integrante del directorio de organismos que administra el predio de Avenida del Libertador 8151, quien falleció semanas atrás.
El Museo está abierto. Nadie sabe si está Vedoya, que les dijo a los sobrevivientes que habían retirado las inscripciones de la muestra por una directiva del Gobierno que prohíbe el “lenguaje inclusivo”.
–30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: ¡Presentes!– grita Horacio Pietragalla Corti, el exsecretario de Derechos Humanos, que acaba de llegar de un viaje por Italia para denunciar la situación de Cristina Fernández de Kirchner, detenida desde junio después de que la Corte apurara la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
Después, los manifestantes caminaron hasta el edificio conocido como “cuatro columnas”, y allí Rosita leyó un poema que escribió Ana María “Loli” Ponce mientras estuvo en cautiverio en la ESMA –antes de ser asesinada–.
“Detrás de mí,/quedó un mundo que ya no me pertenece… /Me miro los pies. /Están atados. / Me miro las manos,/están atadas,/ me miro el cuerpo;/ está guardado entre paredes,/ me miro el alma,/ está presa”.
La lectura es dolorosa y potente: pone palabras donde muchas veces es imposible transmitir lo que padecieron quienes transitaron esa mazmorra. “Tratamos de defendernos del avance de la derecha en este espacio”, dice Manuel Franco, otro sobreviviente. “Han comenzado por borrar las anotaciones de género y creo que pretenden seguir por más”, afirma. Lo escucha Sol Hourcade, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y asiente: coincide en que la avanzada se intensificará.
Flavia Fernández Brozzi fue despedida de la Secretaría de Derechos Humanos –hoy degradada a subsecretaría– después de haber hecho una presentación judicial que daba cuenta de cómo se estaba desmantelando el Museo Sitio ESMA, que no solo es prueba judicial, sino también patrimonio de la humanidad, según la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). «Los despedidos seguimos resistiendo. Depende de todos nosotros seguir resistiendo a este gobierno que, lejos de ser negacionista, es apologista de los crímenes», dice Fernández Brozzi.
Martín Gras se define como un “orgulloso sobreviviente” de la ESMA. Parafrasea a John William Cooke y habla de la pelea por las palabras. Y, en esa disputa, inscriba la palabra “libertad”, apropiada por el Gobierno. «Han inventado una libertad que no existe: la libertad de robar y morirse de hambre. No les vamos a ceder nuestra libertad a estos canales», dice.
Son muchos los que lo escuchan. Detrás de la bandera quedan María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Laura Reboratti, sobreviviente de la ESMA. Cerca de ellas está Mayki Gorosito, la directora del Museo Sitio ESMA que fue desplazada meses atrás por la administración mileísta.
“No venimos a velar las cenizas de nuestras historias individuales –continúa Gras–. Venimos a decirles que la memoria colectiva, bordada con los retazos de nuestras luchas, no se vende”resalta.
Félix Crous, fiscal de la causa ESMA, está junto a los sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos. Hay banderas de HIJOS Miguel “Tano” Santucho y Esteban Herrera llevan una bandera de Abuelas de Plaza de Mayo. Entre los manifestantes están también los sobrevivientes Carlos Loza y Marisa Sadi. El abogado Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), escucha junto a su compañera Susú. Lo mismo hacen Natalia Rus y Gabriela Alegre, que integran el directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos.
Crous sostiene que no hay que indignarse con quienes quieren destruir las políticas de memoria y la construcción de verdad. “Nuestro debe es poner nuestro mejor talento para impedírselo”, afirma el fiscal, que, a partir del miércoles próximo, estará a cargo de la acusación del exprefecto Gonzalo “Chispa” Sánchez, un represor de la ESMA que será juzgado tras ser extraditado desde Brasil.
Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, llegó temprano a la actividad. “Me da mucho pudor como actor político que hayamos llegado a este estado de situación”, dice. La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada. De 1050 trabajadores que había al principio de la gestión, quedan unos 382, según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado. El Museo y el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fueron desjerarquizados y pasaron a dependiente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que está en manos de la abogada Ana Belén Mármora, reconocida militante “celeste”.
“La justicia, sacando alguna excepción, estuvo ausente en este proceso”, se quedó Montenegro, que a principios de año consiguió un fallo del juez Ariel Lijo para proteger los sitios de memoria que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires.
«Hay que pedir disculpas por la poca capacidad que hemos tenido como generación para defender esta memoria. Vamos a hacer todo lo necesario para poner un freno a este presidente nefasto ya su vicepresidenta, que reivindica los crímenes. EEstamos trabajando para que la crueldad nunca más gobierne la Argentina. Pero esta vez va a haber justicia sobre estos criminales que tanto daño le han hecho a nuestro país”, cerró Montenegro.
