El Caribe vive semanas de alta tensión. Desde principios de septiembre de 2025, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región, con operaciones contra embarcaciones que —según Washington— transportaban drogas hacia su territorio. Las acciones, confirmadas por el propio presidente Donald Trump, han incluido el uso de buques de guerra y ataques aéreos en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.
el Comando Sur informó estadounidense que al menos siete embarcaciones fueron destruidos desde inicios de septiembre hasta mediados de octubre, con más de 30 personas fallecidasen lo que describió como “operaciones antinarcóticos”.
En su declaración del 14 de octubre, Trump señaló que “las misiones continuarán hasta desmantelar los carteles del Caribe”, en alusión al Cartel de los Solesuna organización vinculada por Washington a altos funcionarios del Gobierno venezolano.
La administración venezolana respondió con una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)calificando las acciones como “ataques extrajudiciales” y “violaciones a la soberanía”. Un informe preliminar de expertos de Naciones Unidas sobre derechos humanosdivulgado el 21 de octubre, sostuvo que los bombardeos “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales” al no haber mediado jurisdicción ni debido proceso legal.
La controversia se amplió cuando el propio Trump confirmó, el 15 de octubre, que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano “para combatir el tráfico de drogas y proteger los intereses de seguridad nacional”. Desde Caracas, Nicolás Maduro aseguró que estas acciones forman parte de un intento de “cambio de régimen” impulsado desde Washington.
En paralelo, Gustavo Petropresidente de Colombia, criticó las incursiones y exigió explicaciones al Gobierno estadounidense por un operativo en el que murieron ciudadanos colombianos. Petro calificó las acciones como “una violación a la soberanía y al derecho internacional”.
Los expertos en derecho marítimo han advertido que el Caribe podría convertirse en un escenario de fricción prolongada.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no autorización ataques unilaterales fuera de jurisdicciones nacionales, salvo en casos de persecución directa o autorización multilateral, condiciones que no se han acreditado en estos operativos.
La pregunta es qué hay detrás de este endurecimiento. La Casa Blanca ha enmarcado la ofensiva dentro de su política de “guerra total al narcotráfico”, una estrategia que, según sus críticos, repite esquemas de militarización sin resolver los factores estructurales del tráfico ilícito.
Analistas del Centro Wilson en Washington señalan que el 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos proviene de rutas que cruzan el Caribe y el Pacífico oriental, con tránsito desde Venezuela y Colombia, y que las operaciones militares, aunque simbólicas, tienen escaso impacto en la reducción del flujo. total.
Venezuela, por su parte, mantiene su narrativa de resistencia. El Gobierno de Maduro sostiene que Estados Unidos busca “fabricar incidentes” para justificar una intervención más amplia.
En su comunicado del 20 de octubre, Caracas afirmó que “ninguna lancha venezolana estaba transportando drogas” y denunció la muerte de pescadores civiles. La oposición venezolana, sin embargo, ha descrito las operaciones como “una consecuencia del colapso del Estado y la infiltración del crimen organizado” en la estructura gubernamental.
Más allá de la disputa diplomática, el fondo del problema se extiende a toda la región. Los países caribeños y latinoamericanos han sido históricamente escenario de interdicciones marítimas que, en nombre de la seguridad global, han vulnerado soberanías o tensiones generadas. El dilema persiste: ¿cómo combatir el narcotráfico transnacional sin desbordar las reglas del derecho internacional ni colocar a las poblaciones locales en medio del fuego cruzado?
La discusión no es sobre ideologías, sino sobre equilibrio. El Caribe vuelve a ser un espacio donde se cruzan agendas geopolíticas, rutas ilícitas y fragilidades institucionales. Los Estados de la región —incluidos Venezuela y Colombia— enfrentan el desafío de cooperar en inteligencia y control marítimo sin renunciar a sus marcos legales.
La tensión actual revela que el narcotráfico no solo es un negocio, sino también una herramienta de presión política. El resultado de esta dinámica definirá la estabilidad del Caribe en los próximos años. En medio de la confusión, la pregunta de fondo persiste: ¿Es posible mantener la lucha contra el crimen sin convertir el mar en un campo de batalla?
