La muerte de un bebé de casi dos años en el Hospital de Macas y la inaceptable entrega de su cuerpo en una caja de cartón han causado una conmoción que trasciende lo emocional.
Este caso expone fallas profundas en el sistema de salud de Ecuador y, sobre todo, una falta de transparencia de las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.
Para la familia indígena de Taisha, la pérdida de su hija se agravó con un trato que no se ajusta a los estándares mínimos de dignidad y respeto.
La muerte de la bebé exige respuestas claras del Estado y explicaciones sobre por qué se vulneró su derecho a un trato digno al poner su cadáver en una caja de cartón.
el Ministerio de Salud no ha ofrecido información clara sobre la causa de la muerte ni sobre la atención médica que recibió la menor. Tampoco ha explicado por qué el hospital optó por entregar el cuerpo en una caja de cartón en lugar de un féretro, como corresponde.
La desvinculación del gerente del hospital y el anuncio de una auditoría son pasos administrativos, no hay respuestas de fondo. La ausencia de una explicación oficial mantiene abierta la incertidumbre y vulnera la confianza pública en una institución que está obligada a proteger a los ciudadanos.
La forma en que se manejó el cuerpo de la niña constituye una violación evidente al derecho a una muerte digna. Además, el contexto en lo ocurrido —una familia indígena de una zona históricamente relegada— plantea interrogantes sobre posibles sesgos o prácticas discriminatorias que deben ser investigadas con rigor. No basta con asumir responsabilidades; es imprescindible aclarar los hechos y transparentar los protocolos aplicados.
Esta tragedia también deja al descubierto las tensiones acumuladas por la crisis del sistema de salud: falta de medicamentos, escasez de personal y procedimientos que no siempre se cumplen.
Casos recientes, incluidos fallecimientos de niños en un hospital de Guayaquil, y la muerte de ocho niños en Taisha, confirman que este no es un incidente aislado, sino un síntoma de un deterioro que requiere atención inmediata.
La Asamblea Nacional, junto con los organismos de protección de la niñez, tiene la responsabilidad de fiscalizar con oportunidad y profundidad. Sin supervisión firme, la impunidad se convierte en rutina.
La familia del bebé merece saber la verdad. Ecuador merece instituciones que respondan con claridad y humanidad. Que este dolor no queda reducido a una indignación pasajera.
La transparencia es la única vía para evitar que tragedias como esta se repitan y para comenzar a reconstruir un sistema de salud que hoy muestra su fragilidad.
