el Ecuador se encuentra al borde de un precipicio. Las protestas recientes nacionales convocadas por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diesel se han transformado como en 2019 y 2022 en momentos de tranquilidad institucional, económica y social. Bloqueos de vías, enfrentamientos con fuerzas de seguridadpérdidas millonarias, un fallecido, detenciones masivas, denuncias de violencia mi inacción hacen evidente que el conflicto ha sobrepasado la capacidad del Estado para mediar con eficacia.
La reflexióncrítica, señala que libertad no debe confundirse con libertinaje; que el derecho a la protesta no autoriza derramamiento Delaware sangredaño al patrimonio público y privado, ni poner en riesgo la vida ni la seguridad ciudadana. Pero también, buena parte del análisis subyace en una visión del enemigo como homogeneizado y conspirativo, lo que puede llevar a decisiones erradas si no se calibran consecuencias políticas, estructurales y sociales.
Para avanzar hacia una solución integralque incluye “mano dura” en los casos documentados de delitos graves, pero también reformas profundas, dialogo estratégico, responsabilidad institucional, y claridad de reglas.
Hay, al menos, dos dimensiones: legal de orden publico: Bloqueos de vías, destrucción de infraestructuraagresiones, instigación públicapresuntos actos de terrorismo y amenazas graves deben ser investigados y sancionados conforme a la ley. Es importante que la fiscalia impresión celeridad en la investigación Delaware delitos como terrorismo con muerte, ataque, resistencia con muerte, asociacion ilícita.
En la parte política estructuralla eliminación del subsidio al diésel y otras políticas de ajuste tienen efectos reales sobre transporte ruralprecio de alimentos, costo de vida. Hay una deuda historica de diálogo efectivo, de mecanismos institucionales, de participación que hayan sido percibidos como legítimos, de justicia indígena frente al Estado.
Ignorar cualquiera de las dos dimensiones garantizan que el conflicto se perpetúe aún más si viene respaldado por el SS XXI, los contrabandistasla minería ilegal, o mar la delincuencia organizada,
Son necesarios sanciones claras y ejemplares para quienes incurrieron en delitos tipificados que atentan contra la vida, la integridadla propiedad publicael orden constitucionalUsar con rigor el COIP: los artículos que tipifican terrorismo (art. 366), instigación (art. 363), ataque con muerte, resistencia, asociación ilícitadestrucción de servicios públicos, etc.
Asegurar debido procesoevitar detenciones arbitrarias, respetar derechos humanos: fundamental para que la mano dura no se convierta en autoritarismo. Instituciones como la Fiscalíalos jueces, la Defensoría del Pueblo deben actuar con transparencia y verificación independiente. Que las sanciones vayan acompañadas de medidas diferenciadas: no todos los que marchan son violentos; distinguir líderes, organizadores, violentos y que se protege a quienes son obligados a participar.
Aunque algunos actores rechazan el dialogo sobre principios (por ejemplo, “¿cómo dialogar ¿después de asesinar?”, según declaraciones de líderes indígenas), sin diálogo no hay salida. Pero el diálogo debe organizarse con reglas que limitan las zonas grises. Que el gobierno presente un pliego de negociación claro: qué está dispuesto a derogarqué coberturas sociales ofrecen, qué reformas institucionales propone.
Que las organizaciones Los indígenas aceptan las Naciones Unidas. compromiso de no violencia, de levantar bloqueos, de evitar daños al bien público, como condición para sentarse a dialogar. También hay que buscar interlocutores apropiados para una mediación institucional: la Iglesia, universidadesorganismos de derechos humanos y organismos internacionales pueden jugar el papel de garantías. Ya ha habido llamados de esas instituciones al dialogo.
Más allá de la tensión inmediata, se requiere cambios permanentes que reduzcan la recurrencia del conflicto Políticas de subsidios focalizados: evitar medidas que impactan de golpe a los más vulnerables del campo; compensaciones sociales para transporte rural, alimentos, etc. Mejorar la infraestructura y servicios en comunidades indígenas; asegurar que el Estado no sea percibido como distante, centralizado, defensivo.
Será necesario definir el alcance de la justicia indígena dentro del marco constitucional; sus competenciaslímites y relaciones con la justicia ordinaria para evitar ambigüedades que sean aprovechadas para impunidad oh corrupción como se dio con los soldados ecuatorianos. Al fin y al cabo todos viajamos con el pasaporte ecuatoriano.
Es necesario fortalecer las instituciones y en un tema de justicia donde se crea un cuerpo de jueces sin rostro que no puedan ser amenazados o chantajeados. Que la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el poder judicial tengan autonomía real para investigar abusos de cualesquiera partes. Que haya transparencia de las investigaciones; los informes públicos, el seguimiento ciudadano, medios de comunicacion independientes y mecanismos de rendición de cuentas. La ciudadanía civil debe respaldar soluciones que combinen justicia y equidad, para que no se vuelva a repetir que “mano dura” se convierte en opresión control del pecado.
Ecuador necesita salir del círculo vicioso del conflicto: medidas de ajuste, respuesta social, paros, represión. Si bien la firmeza frente a los delitos tumbas es imprescindible, no basta. La solución debe combinar la aplicación efectiva de la ley, con diálogo genuino, reformas estructurales y fortalecimiento institucional. Solo así será posible distinguir entre libertad responsable y libertinajey sostener un país uno, indivisible y con justicia para todos.
