La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró la nulidad del procedimiento de licitación pública nacional convocada por el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para contratar el servicio de recolección de residuos sólidos, tras identificar irregularidades graves en el proceso.
A través de un comunicado, el organismo recordó que esta es la segunda ocasión en que advierte «irregularidades sustanciales» y anula contrataciones para la recolección de desechos sólidos de ese ayuntamiento con la razón social RJC Claro, SRL
Indicó que en mayo de 2021el órgano rector anuló un procedimiento de urgencia, como resultado de una investigación de oficio.
Sobre esta decisión, la institución indicó que se adopta luego de una investigación realizada a partir de la solicitud presentada por la empresa KWC Waste Management Solutions, SRL, que reveló «fallas que afectarán la transparencia y la legalidad del procedimiento».
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Entre las fallasla DGPC cita en un documento de prensa la ausencia del acto de aprobación del informe de evaluación técnica y una evaluación insuficiente que no examinó especificaciones ni capacidades técnicas y financieras establecidas en el pliego de condiciones.
El organismo también detectó «una inconsistencia crítica» en la fase de planificación: aunque el procedimiento se configuró por un monto estimado de 107.000.000 de pesos, el contrato suscrito ascendió a 320.999.999 pesos, triplicando el valor comunicado a los oferentes y vulnerando principios de transparencia y libre competencia.
La institución señaló además errores formales en el uso de la modalidad «comparación de precios» y en referencias a normativa derogada.
Envían expediente a la Procuraduría
En el marco de la colaboracion interinstitucionalel expediente fue remitido a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Cuentas ya la Liga Municipal Dominicana para los multas correspondientes.
Debido a que se trata de un servicio esencial para la salud y el medio ambiente, la DGCP dispuso que la nulidad tenga efectos diferidos.
El contrato se mantendrá vigente por 45 días hábiles a partir de la notificación de la resolución RIC-0161-2025, período en el cual el Ayuntamiento deberá convocar un nuevo proceso de contratacion y garantizar la continuidad del servicio, así como el reconocimiento de los pagos por compromisos ejecutados.
